Comienzan a extenderse los conflictos en la sanidad de todo el Estado según se van conociendo los recortes aplicados tanto desde el Gobierno central como desde los diferentes territorios. Ya llevan meses en Catalunya luchando contra los perpetrados nada más llegar al gobierno CIU, aunque ni estos ni el PP lo explicitaron en sus respectivas campañas electorales.
El problema no es la situación del Sistema Nacional de Salud, pues no está en peligro ni es insostenible como se nos quiere hacer creer por el envejecimiento de la población, el incremento de los enfermos crónicos, el incremento de la demanda, etc. (1) Otra cosa es qu,e año tras año, incluso en los que hubo un importante crecimiento económico, se presupuestase por debajo del gasto real. Por lo que, hoy día, el abultado déficit del que se habla (unos 15.000 millones de euros) y que no corresponde por igual a todas las CCAA, corresponda a las prioridades políticas que se marcaron los diferentes gobiernos. Ya que algunas, como es el caso de Catalunya, País Valencia o la Comunidad de Madrid, se embarcaron en privatizaciones y conciertos con entidades privadas que, además de encarecer la asistencia sanitaria, detraían partidas de los presupuestos para el sector público. Téngase en cuenta que, sólo en las CC.AA., el gasto sanitario supone alrededor del 40% de todo el presupuesto y que la financiación no es finalista. Es decir, que una vez transferido el dinero desde el Gobierno central, cada territorio lo puede destinar según sus preferencias.
El que ahora se aproveche la crisis para justificar severos recortes obedece a otras causas. Es la apuesta lanzada desde los llamados mercados, es decir, el gran capital, grandes grupos financieros, grandes multinacionales del aseguramiento sanitario y de biotecnología, fondos de capital riesgo, etc., para hacerse con las partes rentables de los servicios públicos e incrementar la acumulación. La disminución de gasto público los deteriora, y disminuye las prestaciones haciendo que se suscriban más pólizas de seguros privados cada día.
Por otra parte, las administraciones, siguiendo las recetas neoliberales, pusieron las bases de la privatización propiciando la transferencia de los presupuestos públicos a los centros privados mediante conciertos, o directamente a los hospitales de gestión privada y ánimo de lucro, entre otras medidas. Lo último fue la ruptura del patrimonio de la Seguridad Social, al admitir el PSOE en junio pasado una enmienda de CIU en la ley de pensiones que se estaba tramitando, acerca de la cesión de la propiedad de los inmuebles que aún permanecía en manos de la Tesorería General. De esta forma, las CCAA. los podrán destinar a lo que decidan. Es decir, podrán destinarlo a cualquier uso, incluso venderlos, como han anunciado en Catalunya. Lo que es patrimonio de todas y todos los trabajadores... Con lo que el desmantelamiento está asegurado.
Hasta ahora, este era el panorama, pero el salto cualitativo de los últimos meses es la disminución brutal de las plantillas. Los recortes se dirigen específicamente contra las y los profesionales sanitarios, como en general sucede contra todas y todos los empleados públicos. Se vuelven a disminuir los salarios -ya se habían recortado en 2010-, se aumenta la jornada laboral -que expulsará en los próximos meses a miles de trabajadores/as del sector -, y desaparecen derechos adquiridos. Todo con el único objetivo de rebajar sustancialmente los presupuestos destinados a la partida de personal. Esto es lo que está obligando a cerrar servicios, urgencias, plantas enteras de algunos hospitales, y hace inasumibles las interminables listas de espera que ponen en peligro la salud de muchas personas. Por esto algunas CCAA ya no las publican.
Hay que tener en cuenta que la salud de la población trabajadora no es un asunto central para el capital como en tiempos pasados, puesto que hoy cuentan con un elevado paro estructural y una mayor esperanza de vida, aunque, claro está, se siguen muriendo antes –hasta 10 años de diferencia en la mortalidad entre la burguesía y la clase trabajadora sin cualificar (V. Navarro)- las personas de las clases populares. Luego el que no se cuente con un servicio público que garantice unos niveles de salud con equidad es lo de menos. Los gobiernos se cuidarán de que exista un paquete mínimo de prestaciones para la ciudadanía que no lo pueda pagar. Para el resto cada día será más oneroso contar con un servicio de salud de calidad.
La última palabra sobre este expolio todavía no se ha pronunciado. El conflicto solo acaba de comenzar... El despido de miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad solo empeorará las condiciones laborales del resto y la asistencia sanitaria que recibirá la ciudadanía. Su lucha nos concierne a todos y todas.
El problema no es la situación del Sistema Nacional de Salud, pues no está en peligro ni es insostenible como se nos quiere hacer creer por el envejecimiento de la población, el incremento de los enfermos crónicos, el incremento de la demanda, etc. (1) Otra cosa es qu,e año tras año, incluso en los que hubo un importante crecimiento económico, se presupuestase por debajo del gasto real. Por lo que, hoy día, el abultado déficit del que se habla (unos 15.000 millones de euros) y que no corresponde por igual a todas las CCAA, corresponda a las prioridades políticas que se marcaron los diferentes gobiernos. Ya que algunas, como es el caso de Catalunya, País Valencia o la Comunidad de Madrid, se embarcaron en privatizaciones y conciertos con entidades privadas que, además de encarecer la asistencia sanitaria, detraían partidas de los presupuestos para el sector público. Téngase en cuenta que, sólo en las CC.AA., el gasto sanitario supone alrededor del 40% de todo el presupuesto y que la financiación no es finalista. Es decir, que una vez transferido el dinero desde el Gobierno central, cada territorio lo puede destinar según sus preferencias.
El que ahora se aproveche la crisis para justificar severos recortes obedece a otras causas. Es la apuesta lanzada desde los llamados mercados, es decir, el gran capital, grandes grupos financieros, grandes multinacionales del aseguramiento sanitario y de biotecnología, fondos de capital riesgo, etc., para hacerse con las partes rentables de los servicios públicos e incrementar la acumulación. La disminución de gasto público los deteriora, y disminuye las prestaciones haciendo que se suscriban más pólizas de seguros privados cada día.
Por otra parte, las administraciones, siguiendo las recetas neoliberales, pusieron las bases de la privatización propiciando la transferencia de los presupuestos públicos a los centros privados mediante conciertos, o directamente a los hospitales de gestión privada y ánimo de lucro, entre otras medidas. Lo último fue la ruptura del patrimonio de la Seguridad Social, al admitir el PSOE en junio pasado una enmienda de CIU en la ley de pensiones que se estaba tramitando, acerca de la cesión de la propiedad de los inmuebles que aún permanecía en manos de la Tesorería General. De esta forma, las CCAA. los podrán destinar a lo que decidan. Es decir, podrán destinarlo a cualquier uso, incluso venderlos, como han anunciado en Catalunya. Lo que es patrimonio de todas y todos los trabajadores... Con lo que el desmantelamiento está asegurado.
Hasta ahora, este era el panorama, pero el salto cualitativo de los últimos meses es la disminución brutal de las plantillas. Los recortes se dirigen específicamente contra las y los profesionales sanitarios, como en general sucede contra todas y todos los empleados públicos. Se vuelven a disminuir los salarios -ya se habían recortado en 2010-, se aumenta la jornada laboral -que expulsará en los próximos meses a miles de trabajadores/as del sector -, y desaparecen derechos adquiridos. Todo con el único objetivo de rebajar sustancialmente los presupuestos destinados a la partida de personal. Esto es lo que está obligando a cerrar servicios, urgencias, plantas enteras de algunos hospitales, y hace inasumibles las interminables listas de espera que ponen en peligro la salud de muchas personas. Por esto algunas CCAA ya no las publican.
Hay que tener en cuenta que la salud de la población trabajadora no es un asunto central para el capital como en tiempos pasados, puesto que hoy cuentan con un elevado paro estructural y una mayor esperanza de vida, aunque, claro está, se siguen muriendo antes –hasta 10 años de diferencia en la mortalidad entre la burguesía y la clase trabajadora sin cualificar (V. Navarro)- las personas de las clases populares. Luego el que no se cuente con un servicio público que garantice unos niveles de salud con equidad es lo de menos. Los gobiernos se cuidarán de que exista un paquete mínimo de prestaciones para la ciudadanía que no lo pueda pagar. Para el resto cada día será más oneroso contar con un servicio de salud de calidad.
La última palabra sobre este expolio todavía no se ha pronunciado. El conflicto solo acaba de comenzar... El despido de miles de trabajadores y trabajadoras de la sanidad solo empeorará las condiciones laborales del resto y la asistencia sanitaria que recibirá la ciudadanía. Su lucha nos concierne a todos y todas.
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